en Capital

Cuál es el argumento de las personas que viven en los terrenos frente al Teatro Bicentenario

El abogado, que representa a una de las familias con domicilio en la manzana top que pretende la Municipalidad de Capital, contó que quisieron desalojarlas el viernes último. Qué pasará y a qué justicia acudirán para pelear por las propiedades.
martes, 20 de julio de 2021 · 18:19

Después de que la Municipalidad de la Capital diera a conocer sus intenciones de apoderarse de los terrenos ubicados por calle Las Heras frente al Teatro Bicentenario, con un plan para instalar un polo gastronómico en la manzana donde antiguamente funcionaban las oficinas del Ferrocarril San Martín, las familias que allí viven dan pelea por el lugar que aseguran que es de su propiedad. Así lo explicó uno de los abogados que las representa, quien ofreció los argumentos que los respaldan. 

Acorde explicó el Dr. Dante Robles Roca, existen documentos tanto de Nación como de la Provincia que avalan la posesión de las casi 20 familias, descendientes de empleados del ferrocarril, que habitan el terreno situado entre Av. Ignacio de la Roza, Las Heras, Av. Córdoba y Suipacha. Señaló que, como hubo cierta desidia de parte de las familias que nunca escrituraron, "desde el municipio se tomaron la atribución de querer apropiarse de lo que nunca fue suyo".

El argumento más fuerte que ofrece la resistencia es que hay un decreto provincial y otro nacional que respaldan a las familias y, en la contra parte, aseveran que hay una resolución de la Dirección de Catastro que contradice ambos dictámenes. En pocas palabras, sugieren que la decisión de una repartición menor del gobierno local no puede tener mayor peso que la de un gobernador e incluso de un presidente.   

Según manifestó, a pesar de los derechos que adquirieron con el correr de los años por la posesión, el viernes último, personal municipal y fuerzas de seguridad acudieron al lugar para iniciar un desalojo. Sin embargo se desconoce si existe algún proceso judicial o una orden judicial que ordene a las familias marcharse de ahí.

Decreto provincial que avalaría la posesión de las familias

"Yo estaba ese día y nadie me mostró un papel con la orden judicial. Decían que eran de un juzgado de Faltas municipal, pero nunca dijeron de cuál. Entiendo que no hay ningún proceso judicial en curso o, de lo contrario, habrían recibido alguna notificación. Como no la hubo, entiendo que no hay un juez detrás de ello", sostuvo el letrado. 

En ese marco, resumió la situación de las familias con una analogía: "Esto es como si fuera una sucesión. Si el estado nacional dice que los terrenos van a pasar a manos de los ocupantes, hay que hacer el trámite formal para ello. Las familias serían las herederas de la propiedad porque al vínculo lo han tenido con el estado, que fue el que les dijo que ese terreno sería de ellos, y no porque no hayan escriturado, pierden los derechos". 

Sobre lo que podría pasar, Robles Roca indicó que las familias iniciarán el proceso de posesión veinteañal (algunas ya lo comenzaron) en la Justicia Federal por ser un terreno que pertenecía a la Nación. Lo que buscarán es que a través de la sentencia de un juez, se puedan escriturar los inmuebles. 

Como consecuencia, al municipio capitalino le quedaría la posibilidad -si es que todavía pretendiera obtener la manzana ubicada en una zona top para su explotación- de expropiar los terrenos o bien comprar los derechos posesorios de las familias. "En el Centro Judicial de Mediación deberían sentarse a negociar y llegar a un acuerdo que los beneficie a todos", agregó. 

Cronología de posesión, según los ocupantes

Originalmente, Robledo Roca señaló que el terreno en disputa pertenecía a los ferrocarriles ingleses y que en el Registro de la Propiedad de San Juan aparecía bajo el nombre de Alfredo Wilkinson. Más tarde, en 1945/46, con Juan Domingo Perón en la presidencia, tanto el terreno en disputa como los demás radicados en el territorio local fueron comprados y pasaron a ser propiedad del estado nacional argentino.   

En 1983, con Raúl Alfonsín como presidente, Ferrocarriles Argentinos celebró un acuerdo con la provincia de San Juan y en él estableció que todos los terrenos vinculados a la traza de las vías y las adyacencias serían proyectos urbanísticos y algunos serían cedidos al estado provincial y otros no. Esto fue aprobado por una ley provincial y, en el punto 226 del acuerdo, indica que iba a ser transferido a la provincia al terreno en disputa.

Cuando Carlos Saúl Menem privatiza los ferrocarriles, surge la empresa Buenos Aires al Pacífico, a la cual el estado nacional le da la concesión de los trenes y los ramales de estación.

En 1992 sanciona la ley 24.146, que establece que el Poder ejecutivo deberá transferir a título gratuito en favor de las provincias, municipios y comunas los bienes inmuebles y aquellos que estuvieran destinados a viviendas del personal (empleados) y que estuvieran ocupados por familias de escasos recursos podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y una tasa de interés preferencial. 

"Esta ley (24.146) reglamenta -por el decreto 776- todo lo que tenían que hacer las partes, tanto ocupantes como municipios y demás interesados, para la transferencia definitiva y termina indicando que se tenía que hacer por escritura, algo que así lo hizo el municipio de Rivadavia", detalló el abogado. 

Escritura que realizó el municipio de Rivadavia de uno de los terrenos de los ferrocarriles transferidos 

En el 2000, el decreto 754 que emitió Fernando de la Rúa, en base de la Ley 24.146, dispone que se transfiera a la municipalidad de Rawson, de Capital y de Rivadavia los ramales (las vías) y los cuadros de estación (donde terminan las vías). Comete un error el decreto porque no incluye al departamento del oeste, pero que luego es ratificado por un decreto posterior del 2001.

Hay un croquis donde indica qué es lo que se está transfiriendo a los municipios. Sin embargo, el terreno en disputa y que reclama Capital, no aparece. 

En este croquis, las líneas ferroviarias de San Juan son las que serían transferidas al estado provincial. El punto rojo, fuera del área determinada, está el terreno en disputa

Convenios provinciales que avalarían la posesión  

Con Jorge Escobar como gobernador de San Juan, en 1997, las autoridades del Ferrocarril se reúnen con el entonces mandatario y, en base al convenio marco celebrado en 1983, celebran un convenio adicional en el que acuerdan evaluar los terrenos de la provincia que todavía no se habían transferido.

En 1999, se dicta un decreto relevante para el caso que despierta la polémica, pues ordenaría que el terreno en disputa sea transferido a los ocupantes. "Desaféctese los terrenos y viviendas vinculados al punto 226, a los efectos que el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) proceda a transferir los mismos a sus actuales ocupantes", sostiene el decreto.   

Ese mismo año, la municipalidad saca una ordenanza que, en el marco de la Ley 24.446, transferirán los bienes inmuebles afectados a los ferrocarriles para destinar nuevos espacios verdes y para crear nuevas arterias. 

En 2002, el Concejo Deliberante de la Capital acepta la transferencia de los inmuebles situados en los ramales y cuadros de estación para proceder con la escrituración. "Esta ordenanza es clave porque reconoce los decretos anteriores que avalan la posesión", expresó y añadió: "Está claro que hablan de las vías y los cuadros de estación nada más, tal como lo señala el croquis". 

En 2010, la intendencia de Capital le pide a la Dirección de Catastro -en base a un plano que hicieron los ingenieros agrimensores del municipio- solicita que ese terreno sea transferido a la municipalidad y la repartición emite una resolución que dispone la inscripción al dominio público de la propiedad en disputa. "Sin embargo, los decretos dicen que los terrenos se deben escriturar. Además contradice el decreto de Escobar", agregó. 

 

 

 

 

 

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