Sanciones en la fuerza provincial

Narcopolicías: los condenaron, ya están libres y recién ahora los exoneran de la Policía

Son un comisario general -jefe de la Brigada de Investigaciones en la Central de Policía-, el segundo jefe de Drogas Ilegales y un suboficial de la Seccional 4ta. Fueron castigados con la exoneración.
viernes, 30 de julio de 2021 · 22:51

A cinco años del escándalo de los “narcopolicías” sanjuaninos, el Gobierno provincial resolvió echar de la fuerza provincial a los dos jefes policiales y al suboficial condenados por coimear y brindar protección a dos vendedores de drogas del Gran San Juan. La sanción se hizo pública este viernes a través del Boletín Oficial y los exonerados fueron el comisario general que comandaba la llamada Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, el segundo jefe de Drogas Ilegales y un cabo de la comisaría de Desamparados.

Es la pena más dura dentro de la Policía, dado que quitan todos los derechos a los efectivos exonerados. En este caso, los expulsados de la fuerza provincial son el comisario general Raúl Héctor Páez, quien era titular de la Dirección de Coordinación Judicial (D-5) y miembro de la Plana Mayor; el oficial principal Rolando Narváez, segundo jefe de Drogas Ilegales, y el cabo primero José Herrera, de la Seccional 4ta.

Los jefes policiales. A la izquierda, el oficial Rolando Narváez, segundo jefe de Drogas Ilegales. A su lado, el comisario general Raúl Páez, jefe del D-5.

Los tres fueron detenidos el 28 de abril de 2016 tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Leopoldo Rago Gallo. En esos operativos también cayeron dos vendedores de droga: Paula Edith González, de la zona capitalina de Concepción, y Washington David “El Oscuro” Castillo, de Chimbas.

La investigación venía de tiempo atrás y todo se descubrió por escuchas telefónicas realizadas, en primer lugar a Castillo y después al resto, que revelaron los vínculos existentes entre policías y esos narcos. González y Castillo declararon como arrepentidos en la causa y contaron que, cada uno por su lado, pagaba a los policías a cambio de recibir protección.

Castillo dio detalles. Aseguró que le pagaba a Narváez 1500 pesos semanales, a la vez que éste le pedía datos sobre otros narcos para quitarles la droga y después se la entregaba para que la pusieran en la calle. De esta forma lo dejaba seguir trabajando y se aseguraba el cobro de coima. El cabo Herrera también exigía dinero a Castillo, pero 3500 mensuales.

Lo que quedó demostrado en la causa, y ellos mismo lo reconocieron, fue que los dos policías reportaban todo al comisario general Páez. El que se quebró fue el propio cabo Herrera, que confesó cómo era el modus operandi para sacar plata a los narcos. Además, descubrieron que el oficial principal Narváez exigía coimas en desarmaderos y boliches que no estaban en reglas y rendía cuentas al jefe del D-5. En ese tiempo, este último policia estaba bajo ordenes del actual comisario general Carlos Avella, titular del D-5. quien ese entonces ocupaba el cargo de jefe Drogas Ilegales.

El quebrado. Este es el cabo primero Herrera, quien se quebró primero y confesó todo.

Todos reconocieron su participación y aceptaron ir a juicio abreviado. En julio de 2018 firmaron el acuerdo en el que aceptaron su culpabilidad y los jueces Hugo Echegaray, Juan Carlos Turcumán y Alberto Daniel Carelli, del Tribunal Oral Federal de San Juan, los condenaron : al comisario general Raúl Héctor Páez, el oficial principal Rolando Narváez y el cabo primero José Herrera recibieron de castigo de 6 años de cárcel y 5.000 pesos de multa por comercio agravado de drogas y extorsión. Paula Edith González y Washington David Castillo fueron penados a 2 años y 6 meses de cárcel por comercio de estupefacientes. Todos ya están en libertad.

Además de la causa penal, los tres policiales debieron afrontar la causa administrativa en la Subsecretaría de Control de Gestión. Ese sumario duró años, aún después de conocerse las condenas. Este viernes se conoció la resolución del Poder Ejecutivo provincial. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, señalaron que frente a las condenas que quedaron firmes y en virtud a la gravedad de los hechos cometidos, como la conmoción pública generada y al desprestigio provocado a la institución, eran merecedores de la máxima sanción: la exoneración.

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